APRA, violencia racial en nombre de la paz.
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La noche del sábado primero de agosto, al canto de “el que no salta es Mapuche”, irrumpe la ultraderecha bajo la figura de APRA; organización que promovió los desalojos como una acción espontánea de ciudadanos “cansados de la violencia”. Grupos concertados y azuzados por miembros de esta organización actuaron en coordinación y con la permisividad de las fuerzas especiales, reuniéndose armados y en masa con el objeto agredir a las y los mapuche – rompiendo el toque de queda y la cuarentena – con la intención de que abandonaran bajo amenaza las sedes municipales, tomadas en protesta por la libertad de los presos políticos.
Según el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, la Asociación para la paz y la reconciliación en la Araucanía o APRA (Rpj 290632), se constituyó formalmente el 10 junio del 2019, en Temuco. A la fecha, no han publicado documentación sobre la corporación en el portal de transparencia. En RRSS se definen como “organización comunitaria”, declaran como objetivo: “buscar congregar a la mayor cantidad de víctimas directas de los hechos de violencia y terrorismo a nombre de el conflicto indígena”. Según su presidente, En entrevista con TVU, el único requisito para ser miembro es certificar ser víctima de violencia terrorista, mediante presentación del ruc de causa. A la fecha el número de asociados ronda los cien, agrega.
Entre los miembros de su directorio se encuentran Francisco Alanis Porcella; líder gremial del sector industrial y consejero regional de la CChC en la zona de La Araucanía, vinculado familiarmente a Martín Pradenas. Fue partícipe de la elaboración del programa de gobierno de Piñera, nombrado posteriormente como presidente del directorio de la UFRO por parte de este. Justo Gutiérrez, quien en una carta al diario Austral señaló que “el diálogo es para solucionar problemas y no para negociar con terroristas” oficia como vicepresidente y Gloria Naveillán, vocera de la organización, militante UDI y convocante a los actos de violencia, de quien ya escribiéramos la nota “Quién es Gloria Naveillán”. Todas figuras fuertemente asociadas a la derecha chilena y el empresariado local.
En diversas entrevistas su presidente sostiene que esta agrupación es de paz y reconciliación, no de confrontación. Y que si bien el Estado chileno en el pasado actuó con brutalidad contra el pueblo Mapuche, lo que sucede hoy no tiene que ver con ese conflicto – generado por la ocupación y usurpación que se hiciera este en los territorios ancestrales – sino que existe un problema puramente de orden público, montado por grupos terroristas que se valen de las causas indígenas para generar un estado de violencia permanente.
Entre las tesis que barajan señalan que estos supuestos grupos terroristas – de la cuales denuncian ser víctimas – tejen redes con carteles de narcotráfico de la zona, “el perfecto matrimonio entre extremismo de izquierda y delincuencia” según Naveillán. Cuentan, según ellos, con agentes extranjeros entrenados – formados en las FARC u otras organizaciones armadas – y están relacionados con grupos políticos de izquierda que, aprovechándose de las causas del pueblo Mapuche, llevan a cabo ataques tipo guerrilla. Suponen que han infiltrado la policía y al ejército. Además plantean que serían responsables del estallido social, trasladando sus operaciones desde la Araucanía al centro del país.
El discurso que construyen y difunden – en entrevistas y redes sociales – está caracterizado por definir que en La Araucanía no hay violencia rural, ni del Estado, sino “actividad terrorista”, promovida por activistas como Aucán Huilcamán y Marcelo Catrillanca, frente a la cual demandan – mucho antes del estallido social – la implementación de un estado de excepción constitucional que regrese la paz y la seguridad a la zona. Criminalizan cualquier manifestación o protesta, sea está Mapuche o no. Niegan constantemente que existan violaciones a los DD.HH y respaldan totalmente el accionar de carabineros – a los cuales se les ha quitado atribuciones para enfrentar las manifestaciones, según ellos. Un discurso cargado de un fuerte componente de odio anticomunista que plantea que en Chile no hubo un estallido social, sino un estallido delictual.
A poco oficializar su formación emitieron un comunicado con intención de impedir la realización de una actividad de carácter académico llamada ”Mujer mapuche, experiencias en el movimiento y reflexiones en torno a la resistencia de un pueblo”, organizada por el centro de investigación y promoción de los derechos humanos de la UFRO, por considerarla “intervencionismo político” al asociar las ideas de mujer, indígena y resistencia. Evidenciando la idea que tienen sobre el pueblo Mapuche. Emplazamiento al que el centro de estudios respondió lamentando que una organización de la sociedad civil intente imponer la censura coartando además la libertad de cátedra, en una escenario de vulneración histórica de derechos colectivos cuando dicen que su existencia está motivada por la búsqueda de paz en la zona.
Esperaron de la visita de Víctor Pérez algo distinto y vieron cómo se esfumaron sus esperanzas, dado que – según ellos – el gobierno insiste en el diálogo con el terrorismo, al no querer ordenar el desalojo de los municipios tomados en apoyo a delincuentes. Para ellos a Piñera le hace falta “ponerse los pantalones” y sostienen que para resolver el problema de inseguridad, delincuencia y terrorismo se deben otorgar mayores atribuciones a carabineros y utilizar a las FF.AA. Y que de no ser así, el abandono por parte de las autoridades estatales legitimaría y justificaría el que los población restituya el orden y recuperen las ciudades por sus propias manos. Ya que, según su visión, la cosa no da para más, porque ya “La Araucanía se cansó”.
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