DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE HECHOS DE LA ARAUCANÍA

DECLARACIÓN PÚBLICA.

                                Con motivo de los graves acontecimientos que se han producido los últimos días, especialmente la trágica muerte del matrimonio constituido por Werner Luchsinger Lemp y Vivianne McKay González, precisamente después de conmemorarse el brutal asesinato del joven comunero mapuche Matías Catrileo Quezada, hechos que han estremecido a la opinión pública, la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos declara:

Los hechos:

1)    Diversos sucesos de violencia: actos delictuales (incendio de vehículos, de viviendas de agricultores y de comuneros), represión policial en las comunidades, asesinatos de jóvenes comuneros mapuche y ahora de este matrimonio de agricultores, en la región de La Araucanía han provocado gran alarma y comprensible temor en la población, incrementándose en el último tiempo.

2)    Procesos judiciales contra comuneros, líderes sociales y espirituales de las comunidades mapuche, quienes son encarcelados y juzgados utilizando acusaciones que en la mayoría de los casos demuestran una inconsistencia procesal vergonzosa, son llevados a efecto contra estos miembros de la sociedad civil acusándolos y utilizando muchas veces la cuestionada “ley antiterrorista”, hasta que finalmente es puesto en evidencia lo absurdo de las pruebas y los detenidos son dejados en libertad, incluso después de pasar por los rigores de huelgas de hambre, debido a lo improcedente de las acusaciones.

3)    El ex Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter Kirberg, actual titular de Defensa, aparece involucrado en un conjunto de hechos, especialmente relacionados junto al fiscal Alejandro Peña, este último de cuestionado desempeño en casos denominados como “montajes procesales” en los tribunales de la capital, hasta que finalmente este mismo fiscal es nombrado precisamente en su rol en La Araucanía. El ex Ministro Hinzpeter, en tanto, luego de permitir el ingreso de una base de entrenamiento “anti-subversivo” en el fuerte Aguayo, en Concón, bajo control de militares estadounidenses, y después de reunirse con personeros de Colombia y EEUU, conocidos por librar una antidemocrática “guerra contra el terrorismo”, en la cual han usado perversamente este argumento para acallar a miembros de la sociedad civil que han considerado un estorbo para su sistema, ya sea porque obstaculizan sus afanes expansionistas en lo económico y en lo político, o porque dan cuenta de la ilegitimidad de su proceder, como es el caso de los diversos observadores y defensores de derechos humanos.

4)    Es en ese contexto que el ex titular de Interior es nombrado en la cartera de Defensa, para coordinar acciones con las diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Hoy, el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, primero en la voz de su primo hermano, el titular de Interior Andrés Chadwick Piñera, y posteriormente en forma directa ha anunciado la creación de una “unidad especializada de lucha contra el terrorismo”, con un incremento en el número de efectivos policiales y equipamiento tecnológico, helicópteros, carros blindados, etc. para Carabineros, entidad que depende directamente del Ministro de Defensa, es decir, Rodrigo Hinzpeter Kirberg.

5)    En esta ocasión el presidente Sebastián Piñera señaló que su lucha “no es contra el pueblo mapuche, sino contra una minoría de delincuentes, terroristas que se sienten con derecho a pasar por encima de la ley”, fustigando además “la responsabilidad política y moral” de quienes “colaboran de una u otra forma, protegiendo, amparando o justificando estos hechos”.

Las precisiones:

1)    El Relator Especial de Naciones Unidas, Ben Emmerson, quien visitó La Araucanía, en su informe “sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, de 18 de agosto de 2011, ante la Asamblea General de la ONU, advirtió que “la protección de los derechos de las víctimas del terrorismo es una responsabilidad jurídica genuina que compete principalmente a los Estados y que no se  utilice como pretexto para violar los derechos humanos de los sospechosos de terrorismo, para adoptar medidas de emergencia que establezcan poderes ejecutivos excesivos y desproporcionados o para otros propósitos de carácter fundamentalmente políticos y que será firme “al responsabilizar a los Estados cuando considere que la obligación de proteger los derechos de las víctimas del terrorismo se esté usando de manera inadecuada para encubrir acciones represivas del Estado que no sean consistentes con las normas internacionales sobre la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de quienes estén acusados de preparar, instigar o cometer actos de terrorismo”.

2)    La abogada, académica y doctora en Derecho, Myrna Villegas Díaz, experta en “terrorismo”, fue consultada sobre la situación específica de la zona golpeada por estos hechos, y ella ha explicado recientemente que: En La Araucanía no existen actos de terrorismo. Lo que puede haber son actos delictuales comunes y eso ha sido ratificado por la propia Corte Suprema”. Al ser consultada antes sobre la calificación de terrorismo expresó que debido a la falta de criterios en la doctrina con relación a este concepto, el terrorismo puede definirse como: “violación sistemática de derechos humanos y no de cualquier derecho, sino que de derechos fundamentales. Asimismo señaló que para recibir esta cualificación el delito debe poner en peligro las bases de sustentación del Estado.

3)    La “lucha contra el terrorismo” ha sido usada por potencias militares para justificar sus acciones hegemónicas desde el fin de la Guerra Fría. En efecto, conocida como Guerra de Baja Intensidad (GBI) durante la década de los ’80 (fluctuando entre la contra-insurgencia de los grupos de liberación y la pro-insurgencia hacia los grupos que efectuaban acciones tendientes a desestabilizar a gobiernos contrarios a su política expansionista) la lucha antiterrorista fue reinaugurada por el ex Presidente George W. Bush, luego de los atentados del 11 S, con la USA PATRIOTIC ACT, una ley que, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, conculcó los derechos y las libertades fundamentales de los propios ciudadanos norteamericanos y estableció un clima “del terror” en todo el planeta, produciendo los más graves delitos contra los derechos humanos de miles de personas, víctimas de acciones espantosas, muchos de los cuales han conmovido a la comunidad internacional.

4)    Hoy, siguiendo la lógica de una doctrina penal del “enemigo” y del derecho penal de “la seguridad”, se han usado estas cuestionadas plataformas ideológicas como un instrumento para conculcar los bienes jurídicos más esenciales de las personas, especialmente de la sociedad civil que reclama por una auténtica protección de sus derechos civiles y políticos, así como de sus derechos económicos, sociales y culturales y de sus derechos llamados “de tercera generación”.

 

Nuestra demanda:

1)    Los hechos hablan por sí mismos. Deploramos todo atentado contra la vida humana, derecho humano universal. Asimismo, manifestamos nuestra inquietud y alarma sobre la política represiva que comienza a evidenciar el Administrativo, desvirtuando la gestión política y social del diálogo, la negociación pacífica y la respuesta a las demandas de una ciudadanía respecto a la cual se deben en su condición de representantes.

2)    Insistimos y resaltamos la opinión en que han coincidido el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes y el Relator Especial sobre los derechos de los indígenas cuando sostienen que “el principio de legalidad en el derecho penal, contemplado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el artículo 15 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, el cual no es derogable incluso en situaciones de emergencia pública y que no debe ser utilizado en interpretaciones que amplíen la definición de la conducta prohibida, más allá de los estipulado en forma precisa por la ley.

3)    Demandamos una investigación acuciosa con relación a estos hechos luctuosos, que sea de carácter imparcial, no tendenciosa y respetando las normas del debido proceso. No es legítimo que conocidos los responsables, en una política que avala el terrorismo de Estado, sus imputados no reciban la pena y la sanción que la ley determina. Estas conductas sólo contribuyen a debilitar la confianza en los instrumentos legales y en el propio Estado de Derecho.

4)    Apoyamos públicamente a todos los observadores y defensores de derechos humanos que, trabajando voluntariamente, se amparan en la legislación internacional y nacional para realizar sus funciones. Recientemente se ha realizado un hostigamiento inaceptable contra dos observadoras italianas de la Comisión Europea de Derechos Humanos, después que el propio Administrativo autorizó su ingreso y conoció de sus funciones. En forma especial hacemos público nuestro respaldo, reconocimiento y solidaridad con nuestros propios observadores de nuestra ODDH, presentes en La Araucanía y que han realizado las gestiones que el estatuto de observador y defensor de los derechos humanos contempla en todo el planeta, bajo el respaldo de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

5)    Llamamos a la sociedad, a los ciudadanos y ciudadanas a hacer público su demanda por un respeto íntegro de sus derechos ciudadanos y democráticos, así como de sus derechos y libertades fundamentales.

 

Fraternalmente

ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (ODDH) CHILE.

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